Tras la última sesión con los deudos, donde el colectivo rompió relaciones con las autoridades estatales por la falta de resultados tangibles en el proceso legal y la identificación de cuerpos, el Gobierno del Estado aclaró que será la Fiscalía de Distrito Zona Norte la instancia encargada de dar seguimiento directo a las familias afectadas y a los avances relacionados con este caso.
En atención a medios celebrada en Pueblito Mexicano, el representante de la Oficina de la Gubernatura, Carlos Ortiz Villegas, señaló que, bajo una nueva dinámica de atención, se acordó trasladar las mesas de trabajo hacia la Fiscalía para que las autoridades responsables del proceso mantengan una comunicación directa con los familiares y puedan brindar información puntual sobre las investigaciones y procedimientos en curso.
Ortiz Villegas indicó que actualmente el proceso legal contempla la gestión de una ficha roja en contra del propietario del crematorio Plenitud, debido a que cuenta con nacionalidad estadounidense y dejó de acudir a las audiencias más recientes después de obtener una suspensión judicial, situación que ha complicado el avance de algunas etapas del procedimiento.
Mediante reuniones entre la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Asociación de Funerarias de Ciudad Juárez, también se analizan modificaciones a los protocolos de supervisión de crematorios y establecimientos funerarios, ya que se busca fortalecer los mecanismos de control sanitario y ampliar de 24 a 48 horas el plazo para la entrega de cuerpos por parte de hospitales al Servicio Médico Forense (SEMEFO), lo que permitiría una revisión más exhaustiva de los procedimientos previos a la disposición final de los restos humanos.
Asimismo, el funcionario agregó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para corregir vacíos normativos detectados a raíz del caso, reforzar la vigilancia sobre los prestadores de servicios funerarios y ofrecer mayores garantías a las familias, por lo que las dependencias involucradas continuarán trabajando en propuestas regulatorias que permitan prevenir situaciones similares y fortalecer la confianza ciudadana.
