En medio de la polémica generada por el manejo del Proyecto Centinela, incluso con la Auditoría Superior del Estado señalando diversas observaciones y denuncias contra la empresa Seguritech, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal defendió el proyecto al afirmar que no existe sobrecosto y que los retrasos se mantienen dentro de lo habitual para obras públicas de esta magnitud.
En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, informó que, a diferencia de obras federales como la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, estas sí presentaron retrasos en su calendarización y sobrecostos, mientras que el Proyecto Centinela mantiene su avance conforme a lo planeado y sin incrementos en el presupuesto original.
Explicó que, conforme al contrato firmado entre el corporativo y la empresa Seguritech, existen mecanismos que permiten aplicar sanciones económicas si no se cumplen los plazos establecidos ni se alcanzan los estándares de calidad estipulados en el proyecto, lo que garantiza un recinto de calidad y protege el patrimonio económico del estado de Chihuahua.
Las mesas de conciliación de sanciones están conformadas por la Policía Estatal, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado y la empresa Seguritech, quienes revisan el cumplimiento del contrato, analizan las observaciones detectadas y buscan acordar la aplicación de posibles sanciones económicas de manera transparente y conforme a la ley.
Según el análisis de la Cuenta Pública de la primera mitad de la actual administración estatal, las sanciones por 98 millones de pesos se deben a varios incumplimientos contractuales de la empresa Seguritech en el Proyecto Centinela, ya que se registraron pagos por bienes y servicios no entregados.
Además de retrasos en la instalación de arcos carreteros, filtros, cámaras de videovigilancia, drones, tabletas electrónicas y centros de mando, así como modificaciones al proyecto que carecieron del respaldo jurídico correspondiente.
