El colectivo Frente de Justicia Social acudirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para denunciar presuntas irregularidades en el manejo de una denuncia relacionada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que el proceso penal registrara un cambio en la tipificación del delito, ya que en un inicio se señaló peculado y posteriormente la autoridad determinó cohecho, situación que generó inconformidad entre los quejosos por el giro en la investigación.
En entrevista con este medio de comunicación, el abogado del colectivo, Martín Aguilar Perón, explicó que a partir de una denuncia ciudadana contra una derechohabiente del sistema eléctrico detectaron que el superintendente, el director comercial y el director de atención ciudadana retuvieron durante un año el recurso destinado a restablecer el adeudo, situación que fue señalada inicialmente como posible peculado.
El peculado se configura cuando un servidor público dispone, utiliza o desvía recursos públicos bajo su resguardo para beneficio propio o de terceros, lo que representa una afectación directa al patrimonio del Estado y una falta a la confianza depositada en el ejercicio del cargo, debido a que los recursos dejan de aplicarse a los fines para los que fueron asignados.
En contraste, el cohecho se presenta cuando una persona ofrece, promete o entrega sobornos a un servidor público para influir en sus decisiones, actuaciones u omisiones dentro de sus funciones, lo que altera la legalidad de los actos de autoridad y compromete la imparcialidad en la toma de decisiones dentro del servicio público, especialmente cuando estas conductas pueden modificar el sentido de resoluciones o procedimientos administrativos y judiciales.
Aguilar Perón señaló que, siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se buscará transparentar el proceso de investigación, debido a que han señalado posibles irregularidades en la actuación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y del Órgano Interno de Control, particularmente para esclarecer si existe algún mecanismo relacionado con el presunto sabotaje de medidores, la retención de recursos y la alteración de procedimientos administrativos vinculados a la Comisión Federal de Electricidad en esta frontera.
