A casi un año del hallazgo de 386 cuerpos apilados en el Crematorio Plenitud y sin una sentencia judicial contra los responsables, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos anunció la ruptura de su relación con el Gobierno del Estado Zona Norte, tras denunciar falta de resultados en la identificación de cuerpos, lentitud en el proceso penal y un trato inadecuado por parte de representantes estatales durante las mesas de seguimiento.
El deudo Eleuterio Palacios explicó que, después de meses de marchas, manifestaciones y reuniones con autoridades como el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, los avances únicamente se concentraron en mesas para revisar el proceso de identificación mediante pruebas biológicas y de ADN, mientras las familias continúan sin respuestas claras sobre sanciones penales y administrativas contra funcionarios y empresas relacionadas con el caso.
A través de un posicionamiento público, el colectivo señaló directamente al representante de la Oficina de la Gubernatura, Carlos Ortiz Villegas, al acusarlo de minimizar y descalificar los reclamos de las familias durante las reuniones recientes, pues afirmaron que las autoridades redujeron el diálogo a números de identificaciones cuando la principal exigencia sigue siendo conocer plenamente la identidad de las víctimas y garantizar justicia para los deudos.
Las familias también cuestionaron la falta de acciones contra dependencias e instituciones vinculadas con la operación del crematorio, entre ellas la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Distrito de Salud Juárez, el Registro Civil y la propia Fiscalía Zona Norte, debido a que señalaron que continúan operando con normalidad pese a las omisiones detectadas dentro del caso, en especial por la acumulación de más de 150 denuncias contra funerarias por presunto fraude sin que hasta el momento existan procesos penales contundentes.
El colectivo rechazó la versión presentada por la Fiscalía sobre la supuesta operación individual del crematorio por parte de José Luis A. C., al considerar ilógico que una sola persona pudiera sostener durante años el funcionamiento del lugar sin la participación o conocimiento de más responsables, por lo que anunciaron su salida definitiva de las mesas de trabajo al asegurar que las autoridades únicamente han simulado avances mientras las familias siguen sin verdad, justicia ni reparación integral.
