El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó por un año a cuatro exintegrantes del Ayuntamiento de Juárez por su responsabilidad administrativa por el manejo irregular en autorizaciones de Transferencias de Potencial Urbano.
El fallo, emitido el pasado 8 de junio y contenido en el expediente 014/2025-4-PRA, establece la sanción a los exregidores Alfredo Seáñez Nájera, Carlos Ponce Torres, José Guadalupe Ávila Cuc y Enrique Torres Valadez, quienes integraron la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios durante la administración municipal de Armando Cabada, de 2018 a 2021.
La inhabilitación temporal impide a los exregidores desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de un año.
La sentencia del TEJA les atribuye haber aprobado Transferencias de Potencial Urbano (TPU) sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para ello, por lo que quedó acreditada la comisión de la falta administrativa grave de desvío de recursos públicos tipificada por el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La denuncia que dio origen al expediente fue interpuesta por la organización de la sociedad civil Plan Estratégico de Juárez en abril de 2021 ante la Contraloría Municipal. Esta exponía que los exfuncionarios estaban cometiendo faltas administrativas graves al utilizar de forma irregular este instrumento para diversos desarrollos habitacionales.
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, un fraccionador que desarrolla un proyecto habitacional está obligado a ceder de forma gratuita (un promedio del 6% del terreno construido) al Municipio una superficie de terreno destinada a infraestructura, equipamiento y áreas verdes de uso vecinal o sectorial, lo cual se denomina como área de donación.
En este contexto, el TPU es un instrumento de gestión urbana que permite a los desarrolladores en ciertos casos, como en zonas consolidadas, cumplir con esta obligación mediante la rehabilitación de áreas verdes o la aportación de equipamiento en otras zonas de la ciudad.
El TEJA señaló que, al autorizar la transferencia de potencial urbano sin verificar el cumplimiento de esas obligaciones de cesión gratuita, los exregidores permitieron que el Municipio dejara de recibir bienes que le correspondían por ley, algo que calificó como desvío de recursos públicos en perjuicio del equipamiento urbano de los sectores habitacionales involucrados.
La denuncia señala también al exregidor Eduardo Fernández Sígala por la falta de desvío de recursos públicos, sin embargo, el tribunal acreditó la falta administrativa: “no se comprueba, más allá de toda duda razonable que la persona indiciada haya votado en sentido positivo al respecto”.
Cabildo ahora deber autorizar TPU
En marzo de este año, la organización Plan Estratégico de Juárez (PEJ) obtuvo una resolución definitiva en un juicio de amparo que obliga al Municipio de Juárez a modificar su Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para que las Transferencias de Potencial Urbano deban someterse a aprobación del Cabildo.
De acuerdo con la coordinadora de Incidencia de PEJ, Claudia Arreola Pérez, las decisiones se tomaban de forma discrecional debido a que los asuntos eran votados en la Comisión de Desarrollo Urbano.
Explicó que este mecanismo permitió que las obligaciones de los constructores se desviaran hacia fines distintos al equipamiento de las zonas habitacionales, como la compra de vehículos para asociaciones civiles o la rehabilitación de edificios municipales y espacios del DIF. https://yociudadano.com.mx/
