Un video de una audiencia penal comenzó a circular durante los últimos días, luego de que un juez determinara revocar el nombramiento de una abogada como defensora particular al considerar que no se estaba garantizando una defensa técnica adecuada para el imputado.
En la grabación, se observa un intercambio entre la profesionista y el juzgador respecto a diversos aspectos procesales relacionados con los derechos del acusado; la situación derivó en la decisión judicial de dejar sin efectos su designación dentro del procedimiento.
Tras la difusión del video, se comenzó a compartir capturas de plataformas de transparencia y documentos públicos en los que aparece el nombre de la abogada Martha Serrano Torres como beneficiaria de programas federales y como prestadora de servicios profesionales en diversas instancias gubernamentales como el Senado de la República
Entre los documentos difundidos se encuentra un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con la Cámara de Senadores para realizar actividades de asesoría e investigación relacionadas con el proceso legislativo, con una contraprestación total de 60 mil pesos por el periodo comprendido entre enero y junio de 2025.
Asimismo, en registros públicos aparecen referencias a apoyos y recursos gubernamentales recibidos en años anteriores, información que ha sido retomada por usuarios en el contexto de la polémica generada por el video de la audiencia. Tomado de La Opcion.com.mx
